Un año telúrico, parte 4: Yidispolítica / Justicia acorralada II

La Yidispolítica

[Fotomontaje: Juan Mojica (Licenciado´) / Flickr, licencia CC-BY-NC-ND)

No es la primera vez que se cambian prebendas por votos. Ha sido una práctica reiterada de nuestra vida republicana, Pero, aparte de investigaciones regionales y las protestas de los perdedores, nunca se había llegado hasta los pasillos de la Casa de Nariño. Pero en este año atípico, también esto fue posible.

El incumplimiento parcial de lo prometido llevó a su protagonista, Yidis Medina, una oscura parlamentaria que llegó al poder haciendo un reemplazo, a grabar un video en el que confesaba el cohecho y a sus propiciadores. Este fue guardado por un noticiero de TV que lo reveló a la opinión pública dos años después al considerar que las condiciones del país así lo ameritaban.

La Corte Suprema de Justicia acogió el video como prueba y, luego de comprobar su veracidad, procesó y condenó a Medina, dando por hecho que la reforma política que permitió la reelección de Uribe esta viciada por este acto delincuencial. Y aunque en la práctica no se consiguió revertir el proceso, dada la incompetencia de la Corte Constitucional, la responsabilidad del Gobierno quedó gravemente comprometida, hasta el punto de que hoy se sigue investigando a algunos altos funcionarios, como el Ministro de Protección Social, por el posible papel delictivo que pudieran haber jugado.

Pero más allá de estos posibles delitos, la yidispolítica maniató al gobierno que no pudo seguir aceitando la maquinaria uribista en el Congreso, lo que entrabó sus proyectos en el legislativo y lo obligó a destapar sus cartas reeleccionistas para un tercer período, dado el poco interés de sus aliados en el Congreso.

Justicia acorralada II

Con un gobierno cuestionado por el atropello constante a los derechos humanos y un Congreso corrupto, la institucionalidad del país comenzó a reposar exclusivamente en el poder judicial. Y dentro de él, la Corte Suprema se colocó como el bastión para que los crímenes cometidos por los dirigentes políticos no quedaran en la impunidad.

Más de una treintena de legisladores fueron privados de su libertad, más de 60 son investigados, a la par con altos funcionarios que, con el concurso de la fiscalía, también están bajo la lupa de la justicia. Nunca como antes el país había dependido de sus jueces y tampoco nunca como antes estos habían respondido con creces a tamaño reto.

Pero tampoco, por lo menos en lo que se recuerde, la Corte Suprema, había sido atacada en forma tan aleve por el Gobierno, buscando desprestigiarla ante la opinión pública. Se le acusó de conspirar contra el Gobierno coaccionando testigos o fabricándolos, de tener sesgo político en sus fallos, de ser el coletazo del terrorismo, de negarse a investigar a los verdaderos delincuentes.

Mientras, el Gobierno buscó afanosamente todas las formas posibles de arrinconarla, llegando al extremo de reunirse de manera subrepticia con delincuentes para armar calumnias en su contra, de propiciar una reforma que le quitara la potestad de investigar a los parlamentarios y de inventarse una segunda instancia en un ente prefabricado para revisar sus fallos.

Por otro lado, y dado que la Constitución del 91 previó que la injerencia de los presidentes era limitada ya que si bien le dio la potestad de influir en nombramientos como los de la Corte Constitucional o el Banco de la República, por ejemplo, lo serían para el período siguiente por lo que sólo influirían sobre el mandato de su sucesor. Pero con la reelección, los nombrados por el Presidente trabajarían durante el mandato del que los nombró, afectando su imparcialidad.

En este año, la balanza de la Corte Constitucional se afectó al entrar varios magistrados propuestos por el presidente, a la par que sucedió lo propio con el Banco de la República y el Consejo Superior de la Judicatura. Este 2008, si bien vio a la Corte Suprema defender las instituciones, también, para infortunio del país, observó como una parte del poder judicial cae bajo la influencia del gobierno.

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