La extradición, respiro parapolítico

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La sorpresiva extradición a Estados Unidos de 14 importantes jefes paramilitares les dio un nuevo aire a los parapolíticos y cubre con una cortina de humo el fraude reeleccionista.

Varias lecturas se desprenden de la decisión del Gobierno. La primera es la legal. Aduce el Gobierno que los extraditados incumplieron la ley de Justicia y Paz al no contar toda la verdad, no entregar todos sus bienes para la reparación de las víctimas y seguir delinquiendo desde la cárcel.

Es cierto. Las “verdades” expuestas en los diferentes encuentros con las autoridades judiciales, las daban a cuentagotas, tenían amenazas veladas o simplemente no decían nada alegando cínicas amnesias. No obstante, el señalamiento de sus aliados políticos y de las fosas de sus víctimas son una ganancia inocultable.

Respecto a la entrega de bienes, la burla fue manifiesta. Pocos, cuando no desvalorizados o en manos de terceros. Tan escasos que al hacerse las cuentas le corresponderían siete mil pesos a cada víctima.

Finalmente, la continuación de sus actividades ilícitas muchas veces se denunció y pese a esto el Gobierno hizo caso omiso para evitar que naufragara el proceso de paz. Como la Ley de Justicia y Paz señala que el incumplimiento de estas obligaciones genera la pérdida de los beneficios alcanzados, es claro que los jefes paramilitares no podían seguir en el proceso.

La segunda es la política y es la que genera más suspicacia. Pese a que no revelaron toda la verdad, lo contado por los jefes paramilitares bastó para que una treintena de legisladores fuera a parar a la cárcel y otro tanto esté en libertad aunque bajo investigación. Pero allí no para el escándalo. La gran mayoría de estos parapolíticos provienen de las corrientes uribistas, lo que de por sí erosiona su legitimidad, comprometiendo, además, las mayorías parlamentaras del gobierno y, por ende, la propia gobernabilidad. Sin las mayorías suficientes, los proyectos del gobierno se hundirían, fortaleciendo a la oposición.

Para completar el caos uribista, una última ola de investigaciones y detenciones de parapolíticos basada en las confesiones de los paramilitares llegó hasta el presidente del partido de la U, el primo del presidente y la presidenta del Congreso, y puso a gobierno y parlamento contra las cuerdas. Tan duro fue el golpe que se acusó a la Corte de querer desinstitucionalizar el país y se le llamó a la objetividad, pero la bola de nieve seguía creciendo y cada versión de un jefe paramilitar ya era vista como escándalo nuevo y más parlamentarios investigados.

Con un Congreso a punto de naufragar por falta de legitimidad la reforma política se convirtió en necesidad primordial en su segunda legislatura. Lo grave fue cuando se pactó la “silla vacía” desde el momento de la detención y no desde el fallo como quería el Gobierno. Con esta medida las mayorías del Gobierno comenzaban a peligrar con los cerca de 30 uribistas en la cárcel. Comisiones importantes como la Primera, quedaban sin mayorías y la posibilidad de que más congresistas fueran privados de su libertad, debilitaba a los uribistas en el Congreso.

Mayor hecatombe para las fuerzas uribistas no podría haberse presentado. Por eso comenzó el juego de ajedrez del gobierno. Lo primero era desligarse de los partidos cuya corrupción era manifiesta. El Comisionado de Paz fue el encargado de mandarle un mensaje al país. Deben disolverse no sólo por corruptos sino porque ni siquiera tienen caudal electoral. Este se lo deben al presidente. Aunque nada va a pasar Uribe logró su cometido. Demostrar que es diferente a los partidos que lo eligieron. Engrasó su teflón.

Lo segundo, cuestionar los procesos anteriores de paz, instando a los guerrilleros amnistiados a portarse igual que los paramilitares, contando la verdad y reparando a las víctimas, colocando a los contradictores a la defensiva.

La siguiente era hundir la reforma política y con ella el peligro de perder las mayorías en el Congreso, cuando una inesperada alianza de los partidos uribistas con el liberal reemplazó la "silla vacía" a partir de la sentencia condenatoria propuesta por el gobierno por la que tenía efecto con sólo la detención del parlamentario. Propuso en su lugar una nueva reforma política, incolora, inodora e insípida, que deja de lado la “silla vacía”, la pérdida del caudal electoral y la devolución de los dineros por reposición de votos. En la próxima legislatura se discutirá y aprobará, sin duda, como rey de burlas para el país.

Y claro, no podía faltar la cortina de humo sobre el fraude reeleccionista, denunciado por Yidis Medina, fortaleciendo de paso la imagen presidencial en el imaginario colectivo al mostrar una imagen fuerte ante el delito y un compromiso con el país.

Una última jugada cierra con broche de oro el juego para el Gobierno: ¿si los jefes paramilitares habían incumplido la Ley de Justicia y Paz por qué no se les dejó en manos de la justicia ordinaria colombiana para ser procesados como cualquier otro delincuente? Las elevadas penas hubieran dado ejemplo de que en verdad se buscaba derrotar la impunidad. Pero no se hizo. ¿Se busca evitar nuevas revelaciones? Aunque se promete que en Estados Unidos los jefes paramilitares pueden seguir contando las verdades, la sola preparación del juicio puede demorarse un año, tiempo suficiente para detener los estragos de la parapolítica en las filas uribistas, y dedicarse con paso firme y corazón grande a la segunda reelección, a salvo de todo mal y peligro, con un Congreso ad hoc.

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