En su afán por conseguir resultados para combatir la guerrilla, como lo hicieron gobiernos anteriores, el actual pasa por encima del Estado Social de Derecho y aplica a su acomodo la pena de muerte, valiéndose de informantes e infiltrados a quienes paga jugosas sumas de dinero por sus "servicios".
Pena de muerte
Estamos en un Estado Social de Derecho y entre los derechos fundamentales contemplados en la Constitución se encuentra el de la vida. Dado que nadie, ni el Estado mismo es dueño de la vida, desde el siglo XIX se prohibió la pena de muerte en Colombia e incluso la prisión perpetua, rezagos de los tiempos en que la pena era vista como venganza o castigo y no como resocialización, que le permite al condenado pagar su deuda con la sociedad y tener la opción de reintegrarse a ella cuando purgue la pena.
No obstante, la degradación del conflicto colombiano no sólo toca a los grupos alzados en armas sino al mismo Estado. En aras de ganar la guerra a como dé lugar, el arma de la delación se ha puesto en juego premiándola con jugosas recompensas, que como se ha visto está dando resultados para el gobierno. Sin embargo, el caso de Iván Ríos y Raúl Reyes coloca la guerra en otro plano. Ya no se paga para capturar al responsable y llevarlo a la justicia, sino para aplicarle la pena de muerte.
Raúl Reyes
Israel, en especial a través del Mossad, ha sofisticado la aplicación de la pena de muerte para sus enemigos. Con bombardeos quirúrgicos (que a veces no resultan tan precisos) y atentados fríamente calculados, se ha deshecho de líderes de facciones armadas que combaten a la nación judía. La Seguridad Democrática, en Colombia, le sigue los pasos y un ejemplo para mostrar es el de Raúl Reyes, un delincuente, es cierto, pero que tenía derecho a ser procesado de acuerdo con nuestras leyes.
Pero el gobierno no pensó así. Se le localiza, se bombardea con el único fin de matarlo y luego llegan las fuerzas de tierra a recoger el botín de guerra. Los videos de los soldados entrando al campamento de Reyes lo dicen todo. No iban tras prisioneros, es más dejaron abandonados varios heridos contraviniendo los Convenios de Ginebra, sino tras el “barbuchas”, mote que le colocaron los propios uniformados. Encontrado el cadáver, rápidamente regresan a territorio colombiano a reclamar la victoria. Lo demás no importa. La pena de muerte había sido ejecutada.
Iván Ríos
Lo de Iván Ríos es espeluznante. Y no es la primera vez. A Rojas lo contactó el ejército a través de un desertor y se le convenció de entregar a Karina, la comandante del Frente 47 de las FARC, pero luego de haber sido trasladado a resguardar a Ríos se optó este cabecilla. Pero al dificultarse su captura, se le da instrucciones para que lo mate, como efectivamente lo hizo, convirtiéndose en instigador del crimen el propio Gobierno que se coloca por encima de la ley. Sencillo. Si no puedes capturar a tu enemigo, ¡mátalo!
A Ríos se le acusaba de haber cometido delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y delitos comunes, es cierto, pero según la Constitución, debía comparecer ante los jueces de la República para luego de ser oído y vencido en juicio, imponérsele una pena. Su ejecución extrajudicial no diferencia al Gobierno de las que hace la misma guerrilla, porque ambas carecen de legitimidad y violan nuestro ordenamiento jurídico. Al gobierno sólo le compete la labor de capturarlos, salvo un enfrentamiento armado que determine su muerte.
Se busca vivo o muerto
La delación es un instrumento eficaz que permite localizar a los delincuentes, capturarlos y llevarlos a comparecer ante los jueces. Pero transformarla en instrumento para deshacerse de ellos mediante el asesinato coloca al Gobierno al nivel de degradación de quienes combate, convierte al homicida en un sicario a su servicio y al gobierno en un ente mafioso. Y así como lo ha hecho con los paramilitares a quienes lavó sus fortunas y delitos, ahora quiere seguirlo con estos otros delincuentes, deshaciéndose de la ley, o torciéndola en su beneficio, expidiendo decretos o interpretando a su amaño el principio de oportunidad, inaplicable en el presente caso, por tratarse de casos de terrorismo y narcotráfico.
Más aún. Mentirle al país como lo acaba de hacer el ministro de defensa Juan Manuel Santos, señalando que la recompensa ya no se paga por la muerte de Ríos sino por la “información” anodina encontrada en su computador, busca lavar sus culpas ante las críticas desatadas, incluyendo las del Fiscal y del Procurador. Pero no basta. ¿Y la instigación a Rojas para que diera muerte a su jefe, dónde queda, Señor Ministro? Diga lo que diga, Rojas es un sicario al servicio del Gobierno.
Una dictadura institucional
Es claro que las guerras no se ganan con buenas intenciones sino combatiendo al enemigo con todos los instrumentos que otorga la ley, incluyendo las armas, pero no violando los principios fundamentales que hacen posible nuestra existencia como nación. Las torturas cometidas en la época del Estatuto de Seguridad, las desapariciones forzadas, la conformación de grupos paramilitares, los homicidios selectivos, el exterminio de grupos políticos, son antecedentes que resquebrajaron nuestro orden institucional y que hoy pasan su factura.
Continuar por este camino, aplicando la pena de muerte por iniciativa propia o estimulándola a través de recompensas, pisotea la legalidad y erosiona la legitimidad del Estado. La afanosa búsqueda de resultados, con la política de tierra arrasada, sin importar qué derecho se viole, impone de suyo una dictadura institucional imponiendo penas que no están señaladas en las leyes, sustrayendo a los delincuentes de sus jueces naturales, imponiendo procedimientos que el poder legislativo no ha aprobado, en suma, pasando por encima del Estado Social de derecho, cimiento de nuestro país.
¿Destruir a las FARC implica también destruir la legalidad que nos hace posibles como país?
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