Un ambiente propicio

Territorio

Los conflictos de tipo ambiental y ecológico que se presentan no sólo en Colombia, sino en el resto del mundo, atienden de forma casi íntima al conjunto de dinámicas sociales, políticas y económicas de apropiación del espacio o lo que se conoce como territorio.

La noción de territorio se refiere a una porción cualquiera de superficie terrestre sobre la que se desarrolla una actividad o uso que lo diferencia de los demás "territorios". Sin embargo el territorio puede ser considerado como cualquier porción del Planeta con la cual algo o alguien se identifican[1]. Según esto, lo que caracteriza a la noción de territorio es su construcción socio-cultural más que una concepción meramente espacial.

La percepción más recurrente hacia el territorio se encuentra referida a lo social, abarcando conjuntos de visiones flexibles, procurando una interrelación entre la sociedad y la naturaleza. En este punto se entrecruzan las visiones históricas, geográficas y ecológicas, bajo una multiciplicidad de escalas temporales y espaciales. Podríamos denominarlo como una historia ambiental de los espacios que habitamos y construimos.

Bajo un enfoque más sociológico, el territorio es algo codificado y dotado de sentido, dinámico, con distintas temporalidades y relaciones. Es por excelencia el “…medio o ámbito que puede ser cultural, social, político y espacial[2]”.

El Ordenamiento Territorial

Sin duda alguna la Ley 388 de 1997, que consagra la planeación de los usos del suelo, o Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en Colombia, se constituyó en un hito en el tratamiento público del territorio en el país. El ordenamiento del territorio (según esta ley), se define como “el conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas por las entidades territoriales (municipios, distritos y áreas metropolitanas) para orientar el desarrollo territorial bajo su jurisdicción y regular el uso, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socio-económico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales”[3].

Sin embargo Colombia tiene un referente bastante notorio y que se vive día a día en cada rincón de la nación, que ha determinado en buena parte el conflicto social que durante casi cinco décadas se ha padecido. Resulta que la mayoría de políticas de poblamiento y ocupamiento de zonas urbanas ha correspondido a la tesis de acelerar el crecimiento de las ciudades para modernizar el país y aprovechar las diferencias en productividad entre lo urbano y lo agrario (el famoso Plan Currie)[4]. Esto en la práctica ha (de)generado (en) falencias evidentes para garantizar una calidad de vida a la población, reflejado en una inequidad social y precaria situación rural, cuya máxima expresión se observa crudamente a través del conflicto interno.

En el país, las guías metodológicas para la formulación de planes de ordenamiento territorial han sido elaboradas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que proponen un enfoque prospectivo como proceso necesario, aportando así un marco conceptual y metodológico para su incorporación en la formulación de los planes urbanos, municipales y departamentales de ordenación territorial.

La ley (388) como tal garantiza una participación ciudadana en todas las fases de las instancias públicas. Pero la aplicación que se ha hecho de estos instrumentos dista mucho de una participación activa y decisiva de la ciudadanía, debido a la falta de credibilidad a los procesos de construcción de lo público y de cierto temor de los ciudadanos para dicha participación. El tinte instrumental y tecnócrata de las formas de participación ha alejado a la ciudadanía de los procesos de construcción de políticas públicas, dejando de lado procesos más democráticos y más participativos, más no participantes[5]. Además el papel de la gestión del Estado no ha sido el más eficiente, pues en muchas ocasiones no ha garantizado las condiciones necesarias para establecer los procesos de participación ciudadana amedrentada cada vez más por el accionar de grupos armados al margen de la ley. Es como berraco planear el territorio cuando se es despojado del mismo a punta de fusil o de motosierra.

Ordenamiento Ambiental del Territorio

La unidad territorial por excelencia es el ecosistema, si se mira desde lo espacial (enfoque de la ecología del paisaje). Se debe tener en cuenta que el buen funcionamiento de los ecosistemas corresponde a un manejo sustentable del territorio.

El ordenamiento ambiental del territorio, según el maestro Orlando Fals Borda [6] “…es el conjunto de acciones concertadas entre los actores sociales de un área geográfica determinada, para orientar la transformación, ocupación y uso de los espacios, buscando su desarrollo socioeconómico y teniendo en cuenta las necesidades e intereses de la población, las potencialidades del territorio y la armonía con el medio ambiente”.

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 58, hace referencia a las funciones sociales y ecológicas de la propiedad. Julio Carrizosa Umaña ha discutido estas funciones sugiriendo revisar que el tratamiento a nivel público de la apropiación del territorio en términos de propiedad no se quede en lo estrictamente ecológico sino que implique la complejidad ambiental, donde los aspectos inherentes a la ecología, vayan de la mano con los aspectos sociales humanos. Esto significa que un propietario debe tener un manejo responsable de su predio con el ambiente.

Es importante dejar en claro que el ordenamiento ambiental del territorio debe ser un proceso y una política de Estado, pues por su naturaleza implica (a nivel de proceso) una transversalidad en su trato (múltiples visiones de la academia y de la comunidad en general de su gestión) y es vital para el desarrollo del conjunto de regiones que conforman el país (como política).

El ordenamiento territorial debe tener en cuenta entonces los elementos ecológicos y ambientales del territorio, pues de ellos se derivan múltiples beneficios y servicios a la sociedad, que son difíciles de cuantificar: la biodiversidad, ecosistemas estratégicos y recursos naturales que sustentan ciudades y poblados[7]. Más allá de su innegable valor ecológico implícito, es el valor que representan para el desarrollo de nuestra sociedad, involucrando aspectos económicos (en torno a la productividad), sociales (satisfacción de necesidades básicas) y hasta culturales (imaginarios en torno a la naturaleza y los ecosistemas).

Lastimosamente y pese a lo consagrado en la Constitución del 91, cuyos principios influenciaron en gran medida la mencionada Ley 388, en el país los intereses políticos y los conflictos de tipo administrativo de las entidades territoriales no han dejado establecer un ordenamiento territorial consecuente y con visión regional. Es recurrente en la historia de nuestro país que los gamonales políticos de turno de x región, han configurado departamentos o municipios a su gusto e interés particular, afectando el uso que los mismos habitantes le dan al territorio, derivando así en conflictos sociales y ambientales.

Vale la pena traer a la mesa la siguiente definición de región, que considera a la misma como “una zona en la que se ha desarrollado una estrecha relación entre los seres humanos y la naturaleza (ambiente) durante siglos. Es decir, un conjunto de relaciones históricas, económicas y/o de ordenamiento ambiental que ha configurado un espacio, que le brinda cierta homogeneidad que la diferencia (a la región) de otros espacios”[8].

Ordenamiento Ambiental Territorial y Conflicto

Hernán Darío Correa afirmó hace un par de años algo contundente respecto al conflicto armado interno y el ambiente: “El medio ambiente y especialmente los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales que los componen, son en gran parte escenario del conflicto armado interno, pero su integridad es de hecho el principal factor de posibilidad de la vida y de la paz misma, y por lo tanto es algo que debe interesar a todos en su preservación” [9]

Entonces, ¿por que los gobiernos departamentales y nacionales, han descartado una y otra vez un ordenamiento territorial contundente o pertinente a lo que vive el país?

Por lo menos para el gobierno actual, este es uno de los aspectos que más se le ha sacado en cara, pues en lo concerniente al manejo del territorio y sus elementos ecológicos, ambientales y sociales, solo se observa un interés meramente productivo y económico, que ha desconocido dinámicas sociales complejas, como por ejemplo el trato a las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), mejor conocidos como resguardos o territorios indígenas, en donde no se ha tenido una voluntad política para establecer una relación entre lo institucional y lo ancestral. La visión indígena del territorio es totalmente distinta a la que manejan los oscuros y leguleyos políticos y gobernantes. O que decir de los territorios de afrocolombianos, cuya esencia se ha visto plasmada en la Ley 70 de 1993. Y eso sin contar que la peor parte se la llevan los campesinos, ya que existe una eterna deuda del planteamiento de una real reforma agraria en el país.

Los procesos sociales relacionados con la conservación que han involucrado este grueso de la población, se encaminan hacia una ordenación del territorio, que son la base real del buen operar del Sistema Nacional Ambiental (SINA), cuyo principal problema ha sido el involucrar a las comunidades en la gestión ambiental del territorio[10]. Si las comunidades son tenidas en cuenta en la construcción social y política de lo público en torno a lo ambiental, el panorama podría ser distinto. Aquí es donde surge la pregunta, ¿para quién se puede estar conservando si los pobladores locales no son partícipes de los procesos de conservación?

Para concluir

Ahora bien, este tema no dejará de tener relevancia, porque las políticas nacionales e incluso internacionales relacionadas con el conflicto, el narcotráfico y hasta los caprichos del mercado económico (los TLC), acompañado además la cultura clientelista reflejada en lo público en todos sus niveles, no dejará que se trabaje hacia unas políticas claras de ordenamiento territorial y menos de ordenamiento territorial ambiental que propicien las condiciones favorables para un desarrollo sustentable para Colombia.

¡Saludos!

[1] Sack, R. D. 1997. Homo geographicus. The Johns Hopkins University Press. Baltimore.

[2] Echevarría, M. C. & A. Rincón. 2000: 28. Ciudad de territorialidades. Polémicas de Medellín. Centro de Estudios del Hábitat Popular-CEHAP. Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín. Convenio con Colciencias.

[3] Adaptado de la ley 388 de 1997. Congreso de la República de Colombia.

[4] Carrizosa Umaña, J. 2001a: 118

[5] Aportes de Ángel Massiris Cabeza: http://www.coinbio.com/docs/Articulos/Massiris2002.pdf

[6] Fals Borda, Orlando. 1996. Región e Historia: Elementos sobre ordenamiento y equilibrio regional en Colombia. Tercer Mundo. IEPRI, Universidad Nacional. Bogotá: p. 27.

[7] Recomiendo consultar: Márquez, G. 2005. Ecosistemas estratégicos para la sociedad: Bases conceptuales y metodológicas. En: Cárdenas Támara, F., H. D. Correa & C. Mesa. Región, ciudad y áreas protegidas. FES. ECOFONDO. Fondo para la Acción Ambiental. CEREC.

[8] Rojas, A. 2005. Sistemas Sostenibles para la Conservación. En: Cárdenas Támara, F., H. D. Correa & C. Mesa. Región, ciudad y áreas protegidas. FES. ECOFONDO. Fondo para la Acción Ambiental. CEREC.

[9] Correa, H. D. 2004. La política de Parques con la Gente, el conflicto armado interno y el gobierno de la Seguridad Democrática. En: Cárdenas, M. & Manuel Rodríguez. Guerra, Sociedad y Medio Ambiente. Foro Nacional Ambiental.

[10] Correa, H. D. 2005. Ordenamiento territorial, participación social y manejo de áreas protegidas en medio de la crisis humanitaria y el conflicto armado en Colombia. En: Cárdenas Támara, F., H. D. Correa & C. Mesa. Región, ciudad y áreas protegidas. FES. ECOFONDO. Fondo para la Acción Ambiental. CEREC.

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