¿Qué pretende la reforma financiera?

Les pido disculpas a los lectores por tan simple y hosco título para el presente artículo. No obstante, esa es la reflexión que se deben hacer tanto los analistas como los legisladores para abordar el tema que evoca tan importante proyecto. En un principio, la intención del Ministerio de Hacienda era lograr una mayor profundización financiera y que esto estuviera acorde con las políticas de bancarización de la población. Como todos mis colegas, estoy de acuerdo en que es una iniciativa necesaria para lograr el desarrollo de la nación. Ahora bien, leyendo y estudiando detenidamente el proyecto, las disposiciones ahí plasmadas logran cualquier cosa menos la profundización financiera y la bancarización que Colombia necesita.

Eso se debe al lobby que hace la Asobancaria en el Congreso de la República y en el propio Gobierno el cual lleva a que cualquier medida que se tome e iniciativa que se tramite, les represente los mínimos costos posibles. Con estas acciones, se puede pensar al sector bancario en Colombia y la entidad que los agremia como el amigo pudiente tipo “Kiko”, que un viernes en la noche anima a todo el “parche” a tomar whisky, pero no tiene la más mínima disposición de poner un peso a la “vaca” por lo que opta tomar a costa del resto. Eso básicamente es lo que deja latente la “voluntad” de la banca en las disposiciones de la reforma la cual se encuentra en trámite. Cuando se da una lectura general del proyecto, en primer lugar, se puede determinar que la esencia del mismo es el “novedosísimo” sistema de multifondos el cual, supuestamente, mitigaría el riesgo y las perdidas en las inversiones realizadas mediante las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Eso, por supuesto, no tiene nada que ver ni promueve para nada el acceso de la población de bajos recursos al crédito y a los productos financieros.

En segundo lugar, el segundo gran tema de la reforma es el capítulo correspondiente a la Defensoría del Cliente, figura que ahí se plasma como la “solución” a los conflictos usuario financiero – banca. No obstante, lo que hacen es ampliar una figura que ya existía, incluyéndole cláusulas de tipo burocrático, pues el supuesto “defensor del cliente” sería nombrado por la Superintendencia Financiera y sus honorarios serían pagados por la entidad a la cual se asigne. Me gustaría entonces que alguien docto en materia de legislación financiera, nos explicara a mí y a los lectores, qué tipo de objetividad se tendría por parte de este “defensor del cliente” si sus honorarios son pagados por la entidad a la cual, como se diría vulgarmente, “le va a dar garrote” (Claro está, dejo por fuera del análisis otros temas de corta envergadura que incluye la reforma y que se agregaron en el primer debate en las Comisiones Terceras Conjuntas, como lo referente a la liberación del mercado de seguros, el capítulo de microcrédito, entre otros).

De otro parte, la crítica que se le ha hecho a este capítulo por personas con muchísimo más conocimiento, es que en primer lugar deja latente una ambivalencia frente a legislar por una de las partes y dejar descuidada a la otra (pues no trata en lo absoluto temas como la seguridad de los acreedores para la devolución de carteras), lo cual sin duda deja sobresalir el carácter populista o neopopulista de esta iniciativa, y en segundo lugar, al ser lo único que tocaría a la banca, no muestra una solución de carácter estructural al problema de poca profundización de las finanzas en la población colombiana (pues sabrá el lector que tan sólo el 44% de los colombianos tenemos o hemos tenido acceso a algún producto financiero).

Volviendo al tema del sistema de multifondos, me he visto obligado a acuñar un término que expondría lo absurdo de esto en el contexto colombiano: el efecto PILA. Como ya se ha insinuado con anterioridad, el efecto PILA se da cuando se instaura una política en cuyo fundamento supone conocimientos y aptitudes previos por parte de los beneficiarios, basándose en datos o información de dudosa fiabilidad, o en su defecto, inexistente e imposible de corroborar. Como se sabrá, en el caso de la PILA, se supuso que todos sabían y accedían a internet y que casi todos eran formales, lo cual desato un colapso en el nuevo sistema (muchos no tenían internet y si lo tenían, no sabían usarlo, sin contar también el elevado número de independientes no previsto que llevó a que el sistema no diera abasto).

Pues bien, el sistema de multifondos deja a discrecionalidad del usuario el manejo de sus inversiones en tres fondos diferentes: uno de gran riesgo, otro de riesgo moderado y otro conservador. La inquietud que asaltaría a cualquier lector, es que definitivamente se necesita de cultura financiera por parte de los usuarios para que éstos pudieran tener discrecionalidad de sus ahorros pensionales, ya que se presupone en la iniciativa que todas las personas que cotizan a una AFP, independiente si es “Don Pacho” el de la tienda, “Don Virgilio” el maestro de obra, o el “Dr. Cárdenas Santamaría” exdirector de Fedesarrollo, tienen la capacidad, el conocimiento y la cultura financiera para lograr un buen desempeño y una rentabilidad real en el largo plazo de su ahorro. Sin que las personas posean esta “cultura financiera” y sin que las AFP presten el servicio gratuito de asesoría a quien no la posea (pues sería toda una ignominia que lo cobren), es probable que este sistema lleve a otro efecto PILA.

Por lo tanto, si la esencia de la reforma es el susodicho sistema de multifondos, y además, el capítulo de Defensoría del Cliente no da soluciones de estructura al problema de profundización y bancarización, teniendo en cuenta el incentivo primario para tramitar esta iniciativa, ¿qué pretende la reforma financiera?

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