La otra cara de la moneda
Estancias > Primera planaPor Marsares
martes 28 de abril de 2009 13:33 COT
Mientras Tomás y Jerónimo, los hijos del presidente Álvaro Uribe, incrementan su patrimonio en cerca del mil por ciento (1.000%) gracias a los subalternos de su padre, en Usme, una localidad rural de Bogotá, se congeló desde 2003 el valor de la tierra de 6 veredas con el fin de evitar su especulación futura, ya que la administración distrital, en lo que ha denominado "Operación Nuevo Usme", planea construir allí 50.000 viviendas en los siguientes 20 años, 14.000 de las cuales deben hacerse en futuro próximo.
Metrovivienda congeló el precio del metro cuadrado en $4.000, con el fin de que al cambiarse el uso del suelo (de agrícola a residencial) los dueños no se apoderen de la plusvalía consiguiente. Al no hacerlo, según las autoridades, contribuirían equitativamente a financiar obras de infraestructura del proyecto como las redes de servicios públicos, escuelas, hospitales, parques, etc.
Curiosamente también podrían generarse situaciones inequitativas, como en el caso de Mosquera, pero al revés. En vez de generar descomunales ganancias para sus dueños, éstos se estarían empobreciendo. En la actualidad, en Usme los predios que servirían para los proyectos de la alcaldía son 247, de los cuales 38 están ocupados por campesinos que viven del cultivo de la tierra, en especial la papa.
Como estos predios son minifundios que no sobrepasan el par de hectáreas, el valor que les pueden dar por ellas es muy bajo, lo que les negaría no sólo el derecho a una vivienda digna sino, además, a la mínima subsistencia. Es el caso de Aristerio Arévalo, un anciano de 70 años, propietario toda su vida de un predio de dos hectáreas en la vereda “El Uval”, cuyo valor, de acuerdo con el precio fijado por el Distrito, sería de apenas 40 millones de pesos.
Distinto el caso de Tomás y Jerónimo Uribe, cuyos predios en Mosquera pasaron de costar 34 millones de pesos a más de 3.000 millones de pesos, por una decisión tomada por los subalternos de su padre, el presidente Álvaro Uribe. Por supuesto, algo va de estos delfines a Aristerio. Él ha vivido toda la vida del cultivo de la tierra. Tomás y Jerónimo, en cambio, luego de fracasar vendiendo sombreros y recuperarse revendiendo mochilas, decidieron apostarle a la política que, como el narcotráfico, enriquece en un abrir y cerrar de ojos.
Lástima que Aristerio no es familiar de presidente.
mircoles 29 de abril de 2009, 17:09 COT
Querido Marsares:
Me permito hacerte una aclaración sobre tu nota, la cual considero algo ligera, tanto en tus apreciaciones, como en la conclusión. Lo entiendo bien en razón a que tu oficio no se relaciona con el tema al que te refieres, por lo que a lo mejor mi comentario ofrezca un punto de vista diferente.
Comienzo por aclararte que Usme no es una localidad rural, pues como tal solo la localidad 20, Sumapaz, tiene ese carácter. El terreno destinado a la Operación Nuevo Usme no corresponde a veredas, toda vez que en razón a la tendencia y ritmo de crecimiento espontáneo, y a su ubicación entre el centro histórico de Usme y el desarrollo urbano Usminia – La Paz, zona densamente poblada, fue clasificado como zona de expansión de la ciudad (la principal), para ser ejecutada en el término de vigencia del POT, nueve años. Al interior del denominado Polígono 1, área escogida para el proyecto, existen tres asentamientos de desarrollo espontaneo cuyos nombres no recuerdo ahora, y una gran porción de tierra prácticamente baldía, dedicada a una incipiente agricultura y unas mínimas labores, como reparación de carrocerías y curtiembre.
Desde su creación en 1998 como banco de tierra de Bogotá D.C., Metrovivienda tiene como modus operandi la aplicación de la ley 388 de 1997, en especial sus valiosos instrumentos de reforma urbana, desarrollo de la ley 9 de 1989, tales como la intervención del precio de la tierra, el manejo de la valorización por beneficio general, la plusvalía, la expropiación por vía administrativa y otras. Estas acciones no se llevan a cabo solo por iniciativa de una junta directiva o de su gerente, sino que obedecen al plan de ejecución del POT, adoptado por la ciudad en 2000, mediante decreto del alcalde Peñalosa. Es así como se llevaron a cabo, con el buen impulso de Andrés Escobar, su creador y primer gerente, programas piloto como El Porvenir y El Recreo (Peñalosa), que continuaron con Ciudad Usme (Mockus), proceso frenado por negligencia de su gerente en la administración de Lucho.
Así pues, Operación Nuevo Usme no es un proyecto coyuntural ni suelto, sino un macroproyecto que consta de cuatro planes parciales y ofrecerá la vivienda social formal que el sector sur oriental de la ciudad demandará en los próximos diez años. Con la fórmula “craneada” por Escobar desde 1998 lo que se logra es restringir la acción de los urbanizadores piratas, cuyo proceso de legalización golpea las finanzas de Bogotá en diez veces más que lo que vale desarrollar estos suelos con buenos criterios de urbanismo y calidad para una vivienda digna.
Pr último, el señor que mencionas y los demás propietarios, obtendrán, sin hacer ningún esfuerzo, la parte de la plusvalía generada por la acción de la ciudad que la norma determina. Nada que ver con el caso de Mosquera, donde lo que se birló fue precisamente el POT. Aquí se está aplicando.
Saludo,
SC
mircoles 29 de abril de 2009, 17:37 COT
Agradezco su nota explicativa. La idea del artículo, por supuesto, no era otra que comparar cómo en un sitio se aprovechan de las influencias para enriquecerse, mientras que en otro, la congelación de la tierra (medida sana, por supuesto) puede dar lugar a soluciones inequitativas, pero por el extremo de la pobreza, aunque a raíz de las protestas de los campesinos (Usme tiene 6.000 habitantes en su parte rural) se está pensando en reubicarlos para que no pierdan su vocación agrícola. Las veredas afectadas por el proyecto son: Uval, La Requilina, Corinto, Cerro Redondo, Usme Centro y Agualinda Chiguaz.
viernes 1 de mayo de 2009, 22:51 COT
Marsares:
Perdona por haberme extendido, tanto así que al comentar tu nota original haya terminado escribiendo yo el artículo. Pues ya entrados en gastos, y respondiendo a tu nota explicativa sobre mi nota explicativa, veo que no captaste bien la cosa, pues insistes en la tesis de que aquí hay un proyecto afectador y unos afectados.
Mi gran extrañeza con respecto a un consagrado jurista como tú, es que parezcas desconocer principios fundamentales de derecho como la prevalencia de la utilidad pública sobre el interés privado, o la función social de la tierra, consagrada por López Pumarejo en la reforma constitucional del 36. Son esos precisamente dos preceptos orientadores de los planes de ordenamiento en todo el territorio, independientemente de que en Mosquera lo olviden.
Las veredas que citas no se encuentran todas dentro del área del proyecto, algunas jurídicamente ya no se consideran veredas, y Usme Centro describe el casco urbano del viejo pueblito. A sus 70 años, don Aristerio Arévalo seguramente debe estar pensando más en su jubilación, que en mantener eso que románticamente llamas su “vocación agrícola”. A 4 mil pesos metro cuadrado, su tierra vale es 80 millones y no 40, pues una hectárea tiene 10.000 metros. Aunque según dice Portafolio, de donde seguramente sacaste la información, la secretaria del Hábitat habría dicho que es posible pagarles a 6 mil el metro, entonces al señor Arévalo le entrarían 120 millones, cuando seguramente jamás pensó vender su finca por metros cuadrados. Técnicamente esto se denomina plusvalía. Cuando tenga en el bolsillo los 80 o 120 millones (buen precio por 2 hectáreas para un terreno que se encuentra dentro del Sistema de Áreas Protegidas, como es el caso del Uval) me puedes poner en contacto con él, que algo bueno se le puede encontrar con esa platica.
El poder congelar el precio de la tierra, sacándolo del mercado, y de las garras de los especuladores, hará posible que muchas personas más pobres que don Aristerio accedan a vivienda digna; para ser más exactos, 70 mil en los próximos dos años y otras 180 mil en lo que resta de la Operación Usme. Los 6.000 habitantes que dices habitan la zona rural de Usme, hacen parte de las más de 250.000 almas que habitan esa localidad; pero lo más importante, en los terrenos en cuestión no viven más de 1.500 personas, y nombro esta cifra porque serán unas 300 familias las que se encuentran asentadas en los tres pequeños barrios, que no son propiamente minifundios, sino reducidas y humildes viviendas. Puedes tener la seguridad de que estas personas, si son propietarias legales, lo son de su pequeño terruño y nada más.
En contraste, de las casi 1.000 hectáreas que componen el área destinada al megaproyecto, la propiedad de la mayor parte de los predios está en cabeza de ocho latifundistas, entre los que se cuentan dos reconocidos urbanizadores piratas, quienes tenían puesta su mirada en estas tierras para comerciar con el insumo más valioso y poco renovable en materia de vivienda social, el suelo.
De no haberse concebido y gestado el proyecto, es fácil imaginar cómo durante la pasada década, y en la próxima, su vacío lo hubiese llenado espontáneamente un tejido urbano informal, desprovisto de todo equipamiento, y con el agravante de la obligación de la ciudad de su legalización a un altísimo costo. Niños y adolescentes sin parque, escuela ni centro de salud, creciendo en casas de inquilinato, donde la precaria espacialidad define fácilmente un porvenir gris para su adultez.
Quiero decirte que, siendo yo un reconocido experto en hacer paralelismos inverosímiles, jamás se me hubiera pasado por la mente unir las andanzas de Tomás y Jerónimo en Mosquera con una de la operaciones estratégicas de la ciudad, claramente definida en el Decreto Distrital 619 de 2000 e implementada por los planes de desarrollo de las administraciones Mockus, Garzón y Moreno.
SC
lunes 4 de mayo de 2009, 12:13 COT
No hay paralelismo. Son las dos caras de la moneda. Una tierra con precio controlado y la otra con precio descontrolado. Eso es todo.