Ni siquiera el hecho de que el taxista John Alexander Camacho se encontrara ebrio, y al parecer dirigiéndose a su casa a pasar el ‘guayabo’ (en lugar de salir a pisar el acelerador como sicópata por las solitarias avenidas de Bogotá), justifica que seis policías cojan a bolillo, bala y puñetazos limpios al conductor. Uno no entiende cuál es la "valentía" o el "heroísmo" cuando SEIS uniformados tienen que recurrir a la extrema violencia para imponer una sanción a UNA sola persona completamente desarmada, abusando de ella como si fuera un muñeco de boxeo. Aquí no se puede hablar de campaña de "desprestigio" contra la Policía Nacional ni tampoco de una fracaso de la "seguridad democrática". Estos casos suceden a menudo, pero pocos son los registrados en video, como este, ocurrido la madrugada del 12 de agosto y que fue emitido el domingo en Noticias Uno.
A Camacho los "gallardos" agentes del orden (subintendentes Jorge Eliécer Ramírez Acosta y Freddy Alonso Medina Contreras, patrulleros Álvaro Armando Rodríguez García y Carlos Florentino Buitrago Rozo, de la XV Estación Antonio Nariño; patrulleros Rick Anderson Rojas Quintero y Edier Orlando Uñate Romero de la Policía de Tránsito), además de reventarle la nariz, le causaron contusiones en diferentes partes del cuerpo. No es suficiente con la destitución de sus cargos, tras haberles faltado el respeto a sus uniformes, a su institución y a la tan cacareada patria que deben defender (y que les da de comer con los impuestos que todos pagamos), ni con la aparente indignación del coronel Rodolfo Palomino, quien junto con el alcalde Luis Eduardo Garzón se había comprometido hace un par de semanas a garantizar la seguridad de los taxistas, luego de que este gremio se diera el lujo de bloquear la movilidad de la capital de un país, paro que amenazaron con repetir tras este vergonzoso incidente.
Acaso el verdadero valiente sea el ciudadano que, quizás perturbado por los disparos de los policías, se "atrevió" a grabar estos infames actos. La tecnología se ha vuelto aliada entonces de la sociedad civil, del ciudadano común, que amén de fiscalizar a los medios (que se olvidaron de su función fiscalizadora del poder) ahora parece verse obligado a hacer lo mismo con las instituciones armadas, las dueñas del monopolio legítimo de la violencia y las encargadas de proteger a los colombianos, porque por lo visto también se olvidaron de su función y se volvieron locos por simplemente haber sido dotados de un revólver.
