A propósito de desastres…
Mediante la Ley 3ª de 1991, el Estado renunció a construir directamente vivienda social para implementar a cambio el esquema del subsidio a la demanda, del cual fue administrador durante toda la década de los noventa. Si bien es cierto los resultados no fueron muy halagüeños, durante ése tiempo, mal que bien, se consolidó el sistema nacional de vivienda de Interés Social.

En cabeza del Ministerio de Desarrollo Económico quedó entonces la facultad de formular y supervisar la política y en el ICT, transformado en Inurbe, la de su ejecución mediante la coordinación de los entes territoriales, los constructores, el sector financiero, las Cajas de Compensación Familiar y por supuesto el demandante del subsidio.

Con la llegada de Uribe al poder, se fusionaron varios ministerios, entró en liquidación el Inurbe, se contrataron varios de los procesos con las Cajas de Compensación y se fortaleció la Findeter; estas acciones fueron vistas con buenos ojos en un comienzo por la opinión pública, pero terminaron dislocando el sistema de vivienda y dejando sin interlocución real a miles de familias humildes que necesitan del subsidio para resolver la carencia de un techo digno. La temeraria operación ya pasa su costosa cuenta de cobro en los terribles indicadores de gestión del Gobierno en el campo de la vivienda.

Corrupción e ineficiencia al interior de las entidades abolidas fueron las causas esgrimidas en su momento para quemar las naves. Vemos con preocupación cómo las denuncias del entonces y todavía candidato, no han pasado durante su gobierno del plano de los medios de comunicación a fallos judiciales. Vemos cómo la Findeter se viene consolidando como un innegable botín politiquero. Y sobre todo, vemos cómo la administración Uribe ha demostrado una total incapacidad frente al tema de la vivienda social, al poner en práctica unas medidas de choque, que antes que aliviar la situación, lograron colapsar el sistema y frenaron el impulso que se traía de años atrás.

Las justificaciones de los altos funcionarios del actual gobierno sobre su baja gestión confirman que existe un desconocimiento generalizado sobre los temas a su cargo. Al cabo de tres años descubren con gran sorpresa lo que todos sabíamos, que la falta de crédito para los más pobres y la escasa oferta de viviendas en el rango más bajo de precio son los fenómenos que más entorpecen el cumplimiento de las metas gubernamentales (El Tiempo, mayo 5 de 2005). Es que hay tres verdades de a puño que no tuvieron en cuenta estos aprendices al diseñar su política privatizacionista: 1: los bancos solo le prestan plata a quien no necesita. 2: los constructores prefieren una utilidad alta a una baja y 3: el poder adquisitivo del postulante o beneficiario del subsidio es menor cuanto menores son los ingresos familiares. Con seguridad el señor Bessudo les diría a todos: ¡Señogues, están despedidos!

Posted by Sentido Común in Homo Urbanis