Una victoria pírrica para un país ambicioso la “tumbada” de la Ley Forestal

El pasado miércoles 23 de enero sucedió algo inesperado para los ambientalistas y defensores de los derechos humanos y ambientales en este país. La Corte Constitucional tumbó la Ley 1021 de 2006 llamada “Ley Forestal”, por vicios de inconstitucionalidad por no haber consultado en su formulación a comunidades indígenas y afrodescendientes y en donde el desarrollo de dicha ley afectaría de forma lesiva sus territorios. Además el estatuto estaba claramente violando acuerdos internacionales suscritos por el país como por ejemplo el Convenio de Diversidad Biológica (cdb), el Panel Intergubernamental de Bosques de Naciones Unidas y el Convenio 169 de la oit. 

¿Qué ganaría el país sin esta ley?

Recordemos que esta ley carecía de una visión integral de uso y manejo de los bosques, en donde estos eran considerados como simples rodales de extracción maderera. En otras palabras el estatuto consideraba como iguales tanto plantaciones forestales (monocultivos de explotación comercial) como bosques nativos, cosa más alejada de la realidad y de la ecología. Además impulsaba facilidades (créditos, financiación, etc.) para la apropiación de bosques nativos para la explotación de maderas finas. Lo anterior era lo que soportaba la famosa figura del “Vuelo forestal”.

Pese a las objeciones hechas a la ley a comienzos de 2006 por parte de un sector importante de ambientalistas (entre ellos exministros de ambiente) y que fue atendida por el gobierno nacional, el espíritu comercial nunca fue eliminado pues siempre estuvo presente en el eje articulador del estatuto de la figura en mención, en donde se contradice el carácter inalienable e imprescriptible de la propiedad colectiva.

Los bosques ecuatoriales no son ecosistemas estáticos, aún en ausencia de perturbaciones humanas. Factores bióticos (animales, plantas y otros seres vivos) y abióticos (por ejemplo el clima) modifican y moldean estos complejos ecosistemas, que se tornan frágiles ante alguna intervención en donde los ciclos adaptativos del mismo no sean capaces de amortiguar algún impacto fuerte como es el caso de las explotaciones madereras comerciales.

Los bosques nativos ofrecen muchos beneficios entre ellos el balance hidrológico (y climático) a nivel local y regional, ofrece material no maderable como fibras y tintes vegetales, es refugio de diversidad biológica y determina un sinnúmero de apropiaciones y modos de vida de muchas comunidades relacionadas con los bosques. Estos fueron los aspectos más discutidos por la academia, los ambientalistas y los habitantes de los territorios y que nunca fueron atendidos por los ponentes del proyecto de ley.

En mi opinión, los únicos que verdaderamente pierden son los grandes empresarios madereros. Bueno, pero ustedes dirán que algo bueno debería tener la dichosa ley. Pero no. Realmente a este país si se le está debiendo un instrumento jurídico y de ordenamiento integral de uso y conservación de los bosques, consecuente y coherente con cada ecosistema y territorio. A nivel nacional se debería tener obviamente unos lineamientos generales, pero algunos instrumentos deben ser concertados desde abajo, con las comunidades locales, o simplemente reconocer como estas personas se apropian de sus territorios a partir de sus proyectos de vida.

Pero la felicidad nunca es completa. Definitivamente el gobierno “peló el cobre” esta semana conocida la noticia y demostró que lo único que buscaba con esta ley era la explotación comercial sin tener en cuenta la integridad de los ecosistemas y territorios. Resulta que el neo-yuppie y polémico escudero presidencial Andrés Felipe Arias tramitó en “tiempo record” un proyecto de ley para reforestación comercial que afronte la caída del estatuto aprobado en 2006. Y la reacción de Juan Lozano deja mucho que desear para un ministro de ambiente: “No conozco el texto, pero respeto la decisión de la Corte. Insistiré en la protección del bosque. Ahora buscaré la aprobación de otras normas que nos permitan aprovechar el potencial de reforestación que tiene Colombia; con responsabilidad”. Con esto no quiero satanizar el uso del patrimonio ecológico, pero para este país el uso es acabar con absolutamente todo.

¿Lo anterior a que se debe? Pues según fuentes ambientalistas y sociales[1], los empresarios madereros metidos en este cuento y que actualmente son propietarios de aproximadamente 140 mil hectáreas de bosque, han hecho propio el esfuerzo financiero del Estado y se benefician de mecanismos para la apropiación del bosque natural (cerca de 60 millones de hectáreas). No nos engañemos, lo único que les interesa a los promotores de leyes como esta es que el negocio no se vaya a perder.

Además tampoco se puede perder la Cadena Productiva Forestal, que promueve el Programa Colombia Forestal y que está administrado por la cuestionada Chemonics. Este es un eje importante del Plan Nacional de Desarrollo Forestal promovido fuertemente por el sector empresarial maderero y de muebles del país afectando a las comunidades más vulnerables en vista de su desventaja en el “mercado”.

Lástima que el gobierno nacional ande más pendiente de los negocios que de iniciativas como esta. Lo más triste es que no se contribuye en nada al bienestar social del país, pues leyes como la tumbada o la que quieren promover ahora de reforestación comercial, están ligadas a la exclusión social, el desplazamiento y el conflicto armado.

Lo único que resta por hacer es defender decisiones como la de la Corte Constitucional y el trabajo que arduamente académicos y comunidades sociales de base hacen por defender el patrimonio ecológico del país, pues duele decirlo, el Estado hace muy poco por ello.

Saludos.

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